RED POR LA PAZ Y EL DESARROLLO DE GUATEMALA
P.O. Box 4209 – Grand Central Station – New York, NY 10163-4209 - USA
RED POR LA PAZ Y EL DESARROLLO DE GUATEMALA (RPDG)
COMUNICADO NACIONAL E INTERNACIONAL
Conmemoramos el 18º aniversario de un momento histórico brillante, aunque efímero, y exigimos continuar y actualizar el Acuerdo de Paz Firme y Duradera de 1996
En los casi cinco siglos desde la invasión europea a Guatemala, solamente se han experimentado dos momentos históricos favorables a sus mayorías: la Revolución de 1944; y la firma del Acuerdo de Paz Firme y Duradera, el 29 de diciembre de 1996. El primero permitió el desarrollo de diez años de Primavera Democrática. El segundo abrió una pequeña ventana de paz y oportunidades, que fue cerrada antes de un año. Ambos procesos, concatenados entre sí, deben retomarse para construir la Guatemala que merecemos.
El ciclo de la oscuridad y el terror se abrió en junio de 1954 con la intervención de Estados Unidos en Guatemala y la contrarrevolución llevó al pueblo a emprender el difícil camino del conflicto armado interno entre 1960 y 1996. Algunos analistas políticos hablan de una “transición hacia la democracia” en 1985; pero ni esas elecciones tuteladas ni las que ya se habían dado en 1966, que llevaron a tener gobernantes civiles, tocaron el poder omnímodo del ejército y la élite de poder. En el primer caso, lo impidió un pacto que Méndez Montenegro debió firmar; en el segundo caso, bastó la vida palaciega de la finca Santo Tomás. Ese poder solamente fue cuestionado por el movimiento revolucionario, el cual, imposibilitado de lograr la victoria por la represión militar contra el pueblo, al punto de genocidio y tierra arrasada, y la coyuntura mundial unipolar, logró, por lo menos, extraer los Acuerdos de Paz a los sectores dominantes. La transición a la democracia comenzó apenas en 1997; pero fue descarrilada con el asesinato de Monseñor Gerardi en 1998. De ahí en adelante, la apertura democrática ha sido aterrorizada y corrompida, al punto que hoy el desgobierno de Pérez controla los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial y el Súper Poder de la Corte de (In) Constitucionalidad.
Al leer los 17 conceptos establecidos en el Acuerdo de Paz Firme y Duradera, nos damos cuenta de que, en vez de avanzar, hemos ido retrocediendo y nos acercamos cada día más a una condición de Estado caótico y fallido. Si se hubiesen cumplido estos 17 aspectos no estaríamos sumidos en los viejos problemas que originaron y justificaron el conflicto armado interno ni nos habrían invadido problemas adicionales, como la generalizada corrupción, las pandillas juveniles, el crimen organizado y la pérdida de nuestros recursos humanos jóvenes, vía la migración o la delincuencia. No sería hoy Guatemala uno de los países en el mundo con mayor inseguridad, violencia e irrespeto por la vida; no habría tanta inequidad de género y desprecio por la Mujer, al punto de tener el feminicidio como epidemia; y no estaríamos sumidos en la desesperación social y política.
¿Quiénes han sido responsables de la situación actual? Quizás la ONU, la comunidad internacional y la URNG tienen cuotas de responsabilidad. Por ejemplo, como experiencia para otras situaciones, las armas se deben conservar hasta ver palpablemente los cambios constitucionales fundamentales, así como reformas a la ley electoral que nivelen el terreno de la competencia política. La solidaridad internacional debe seguir actuando hasta que los acuerdos se cumplen; resulta evidente que no basta la firma. No obstante, la responsabilidad principal por la falta de cumplimiento, pese a recibir abundante financiamiento internacional y recursos, recae en los gobiernos de Arzú, Portillo, Berger, Colom y Pérez, por no tener ni la voluntad política ni el compromiso de hacer valer el espíritu y la letra de los Acuerdos. De esa manera, los sectores de poder han impedido que los Acuerdos se cumplan. El CACIF sigue actuando como propietario del país, salvo en las concesiones otorgadas a las empresas extranjeras y las condiciones forzadas que les ha impuesto el crimen organizado. Estados Unidos nos exige satisfacer sus intereses e ignora nuestras demandas, particularmente de cara a los 2.0 millones de guatemaltecas y guatemaltecos en ese país. Y los militares contrainsurgentes, impunes mayoritariamente por crímenes de guerra y de lesa humanidad, se han reciclado en políticos y capos del narcotráfico y otros negocios ilícitos. El triángulo de terror –Estados Unidos, la oligarquía y los militares represivos— ha sido la principal causa de que los Acuerdos de Paz fracasaran y sean hoy vistos como el gran fraude nacional.
Es tiempo de decir: ¡Basta ya! Solicitamos a las Naciones Unidas y a la Iglesia Católica de Guatemala que se convoque de urgencia, en enero de 2015, a un “Diálogo Nacional por la Paz y la Democracia”, abierto a todos los sectores de la sociedad civil, sin exclusiones, para hacer las mejoras y actualizaciones necesarias al Acuerdo de Paz Firme y Duradera de 1996 y para definir la estrategia de cumplimiento que sea obligatoria para el gobierno que asuma en enero de 2016. El primer punto de discusión debe ser el conjunto de reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos que permita la más amplia participación ciudadana, incluido el 15% de la población fuera del territorio nacional, y la verdadera democratización del proceso electoral, sin el “derecho de llave” de los partidos políticos. El próximo gobierno ha de ser legal, legítimo y representativo. En caso contrario, el caos llevará a la rebelión.
Guatemala y su Diáspora, 29 de diciembre de 2014
No comments:
Post a Comment