RED POR LA PAZ Y EL DESARROLLO DE GUATEMALA (RPDG)
Apoyamos el Plantón de la Dignidad para exigir la renuncia de Pérez y Baldetti
La Constitución de la República de Guatemala falla al no establecer un mecanismo para la remoción de Presidente y Vicepresidente. No obstante, nadie puede impedir que dichos funcionarios renuncien y, de hecho, de pedir un número grande de ciudadanas y ciudadanos su renuncia es su obligación moral, política y ética hacerlo inmediatamente. Durante el año pasado, poco a poco se empezaron a levantar más y más voces sugiriendo que Pérez y Baldetti, que han sido catalogados hoy como responsables del peor gobierno del período posterior al conflicto armado interno, renuncien ya, antes de que se inicie un nuevo proceso electoral.
Nos sumamos al Plantón de la Dignidad convocado por el Comité Coordinador de la Declaración Ciudadana: Unidad en la Diversidad, por las siguientes razones:
La situación del país
-Acuerdos de Paz. Al cumplirse 18 años de la firma del Acuerdo de Paz Firme y Duradera, hecho histórico del 29 de diciembre de 1996, muchas organizaciones y personalidades expresaron su profunda crítica a la falta de cumplimiento de gran cantidad de las disposiciones contenidas en el texto, así como su condena a la traición que los sectores poderosos han hecho del espíritu de los Acuerdos de Paz.
-Inseguridad y violencia. Pérez y Baldetti, y su Partido Patriota, fueron electos en 2011 por su ofrecimiento de “mano dura” contra la delincuencia y el crimen organizado, que garantizaría que la violencia amainara. Según los medios de prensa, el promedio de asesinatos violentos en 2014 fue de 16 personas diarias, lo que constituye una falla fundamental de la promesa de campaña y de gobierno.
-Aspectos sociales y económicos. Según los indicadores sociales y económicos, Guatemala es hoy el segundo país con peor situación social y económica en América Latina y el Caribe, pese a que no es de los países más pobres o con menos recursos. Según el Banco Mundial, en abril de 2013, “En 44% de los municipios rurales, tres de cada cuatro personas viven en pobreza”. La FAO estimó en 2014 que 2.2 millones de personas padecen hambre. El sistema de salud público ha colapsado, con más del 95% de los servicios de salud prestados por el sector privado y pagados por los usuarios. Se inicia el año escolar bajo condiciones insuficientes e insoportables en toda la república. La desnutrición infantil sigue alcanzando niveles intolerables, con más del 10% de niñas y niños. Con base al Índice de Desarrollo Humano, Guatemala ocupó en 2013 el lugar 125.
-Aspectos de derechos humanos y justicia. Pese al compromiso asumido por el Estado guatemalteco al firmar los Acuerdos de Paz por defender, proteger y promover los derechos humanos, los cuatro pueblos de Guatemala ven cada día sus derechos más irrespetados y, en muchas ocasiones, flagrantemente violados. El gobierno no solamente falla en su protección sino que actúa con desprecio hacia los mismos. Ha sido vergonzosa la actitud de negar el genocidio cometido por Ríos Montt y sus secuaces civiles y militares y es vergonzoso que sigan en la impunidad los crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. El grado de impunidad por crímenes del conflicto armado interno es de casi el 100% y el de asesinatos después de dicho conflicto es del 98%. El país se ahoga en el fango de la impunidad.
-Las y los migrantes. La migración guatemalteca ha sido la tabla de salvación financiera del país en el siglo XXI. Por un lado, el millón y medio de connacionales que se han ido del país han dejado de pesar como carga en las cifras de desempleo y miseria en Guatemala. Adicionalmente, con su contribución de más de 50,000 millones de dólares han fomentado el consumo y, con ello, el sostenimiento de las estructuras del Estado. No obstante, el Estado hace muy poco por nuestros migrantes. Somos el único país mesoamericano, castigado al igual que los otros por crisis sociales y políticas y por calamidades naturales, que no ha gozado nunca de protección temporal (TPS) en Estados Unidos. Somos el país centroamericano con el mayor número de deportados, 95,477, y con el mayor número de deportados de Estados Unidos en 2014, 51,157 (la cifra histórica más alta). Las y los migrantes guatemaltecos desaparecen en el territorio mexicano, muchos de ellos asesinados, y sufren todo tipo de abusos físicos y sexuales; son perseguidos como criminales en Estados Unidos; y viven una vida discriminada y clandestina en ese país. Nuestros niños y niñas fueron noticia mundial este año al hacerse patente el tratamiento inhumano que las autoridades migratorias de Estados Unidos les dieron. ¿Y el Gobierno de Guatemala? Bien, gracias. Desde Arzú, que se negó a pedir TPS, hasta Pérez, con la política del avestruz frente a Estados Unidos, no han hecho nada. Peor aún, han negado el derecho al voto y la representación desde el extranjero, pese a haberlo ofrecido desde hace más de 10 años.
-Falta de democracia y remilitarización del país. Las instituciones democráticas no funcionan. Y la participación ciudadana está excluida. No solamente las y los ciudadanos en el extranjero están excluidos de los procesos electorales (15% de la población), sino que las elecciones se deciden en función del dinero. Las curules se venden. El CACIF, al igual que el crimen organizado, financia a todos los partidos políticos de derecha. Se regalan gorras y playeras, o abono y maíz, para comprar los votos. Además, hay una clara remilitarización de las instituciones, con ex jefes militares en posiciones clave, y con decretos de estados de excepción, siempre que el ejército quiere controlar zonas del país, por motivos de aparente seguridad o llanamente por intereses oscuros. La policía sigue siendo, como en los viejos tiempos, apéndice de las fuerzas armadas.
-Falta de trasparencia. Guatemala ha ido transitando en el mar de la corrupción durante decenios. Cada quetzal robado es un quetzal que se extrae de los programas necesarios para que el país funcione, particularmente los programas sociales indispensables. Hay así una matanza sistemática de los sectores más marginados de nuestra población. Vinicio Cerezo permitió el robo en el Estado; Jorge Serrano goza en Panamá de casi 100 millones de dólares robados del erario público; Álvaro Arzú ha hecho de la Municipalidad capitalina una verdadera “mina de oro” aparte de haber regalado los bienes del Estado a amigos y familiares cercanos; Alfonso Portillo cumple condena en una cárcel de Estados Unidos y todavía tiene que explicar más sobre otros fondos desaparecidos; Berger, Colom y Pérez compiten por el premio a la corrupción, que ha situado a Guatemala como el 7º país más corrupto en el mundo.
El ejercicio del desgobierno en 2014
-Corrupción y enriquecimiento ilícito. El Periódico, con firmeza, y otros diarios, con timidez, han venido señalando, semana a semana, los actos de corrupción del Presidente, la Vicepresidenta y una gran cantidad de funcionarios. Saltan a la vista las lujosas propiedades de Otto Pérez y Roxana Baldetti y golpea el corazón imaginar lo que esos recursos mal habidos significarían para la niñez guatemalteca. La danza de los millones de dólares se da a lo largo y ancho de la administración pública y la gente no puede sino manifestar que “todo funcionario es corrupto”. No es cierto; pero cuando las y los ciudadanos corrientes se enteran que cada voto a favor del Presupuesto de 2015 costó un millón de quetzales, cuesta admitir que haya “unos pocos diputados” sin mancha. Los contratistas de proyectos de infraestructura en Guatemala saben que si no agregan un 15% como mínimo, como “mordida”, nunca van a obtener los proyectos e igual ocurre con los proveedores de medicinas o útiles. Así es el gobierno de Pérez.
-Abuso de poder. Cuando se dan esos niveles de corrupción y enriquecimiento, que salpican a familiares y amistades, el gobierno ha tenido que recurrir al abuso de poder para intentar acallar las voces de protesta, para imponer su voluntad o simplemente para el ejercicio de su megalomanía. Para comenzar, ha desmantelado la capacidad del Ministerio Público y de la Contraloría General de Cuentas. A Claudia Paz y Paz, en abuso franco de poder, se le cortó su función de Fiscal General y no se le permitió ser candidata a la reelección. Se nombró como Fiscal General a una persona incondicional del Presidente y la Vicepresidenta, que prefiere criminalizar a los padres de niñas y niños migrantes que combatir la impunidad o exigir transparencia en el Estado. Igual se hace con el Procurador General, con el respaldo del partido en el gobierno y del partido de “oposición” (Líder), que son lo mismo. Hay la decisión de los poderosos de hacer salir a la CICIG al término de su mandato, para quitarse de encima los ojos de la comunidad internacional. Se ha destituido al Director de la SAT, no por no generar recursos fiscales, sino porque puede destapar la olla de grillos de los negocios con empresas foráneas. Y se aplica la capacidad represiva del Estado contra el movimiento social, para defender los intereses de las empresas extranjeras, el CACIF y los partidos de derecha. Así es el gobierno de Pérez.
-Manipulación de los Poderes del Estado. El gobierno se ha asegurado que los otros Poderes del Estado y otros poderes respondan a sus intereses. Se ha garantizado que la Corte de (In) Constitucionalidad (CC), como supra poder, le sea incondicional. El Poder Judicial sigue maniatado, sin capacidad de fiscalía y con jueces de confianza del Patriota y el Líder en las funciones clave. Pérez y la CC hicieron que la condena a Ríos Montt por genocidio quedara en suspenso y que jueces honestos sufrieran consecuencias. Tampoco hay capacidad de actuar en la Procuraduría de los Derechos Humanos y existe poco margen de maniobra en el Tribunal Supremo Electoral. Para concluir, el Congreso ha sido escenario de verdaderos circos políticos y fuente de corrupción. Le elección de Junta Directiva y la consideración del presupuesto han sido claros ejemplos. Así es el gobierno de Pérez.
-Imposición del Presupuesto 2015. La gota que vino a rebalsar el vaso. Se compraron las voluntades suficientes para que el Patriota y el Líder impusieran sus intereses y pudieran contar con fondos para robar y pagar sus campañas electorales. Diversos sectores pedimos el veto presidencial a lo aprobado; pero, de manera arrogante el Presidente se negó. Tuvo que ser el CACIF el que exigiera a la CC que eliminara los impuestos a los ricos de siempre, aunque la esencia del Presupuesto, que es la oportunidad que se brinda a la corrupción y otros errores garrafales permanecen. Así es el gobierno de Pérez
-Fraude electoral. Resulta evidente que ya hay un fraude electoral, con todas las puertas abiertas en el Presupuesto 2015 al desvío de fondos para apoyar al Partido Patriota, en primer lugar, y, en menor medida, aunque sus dirigentes no se den cuenta, para el Partido Líder. El fraude electoral no termina ahí. Sin duda, vía la emisión de DPI a salvadoreños y hondureños, las filas del Patriota serán fortalecidas. El CACIF y el crimen organizado, a cambio de que no suban los impuestos, ni ahora ni en los próximos cuatro años, estarán asignando parte de los impuestos que no han tenido que pagar y de los impuestos que evaden, para apoyar a los de su confianza. Pero aún hay más. Como Sinibaldi es un pésimo e incapaz candidato, ciertos sectores del Patriota y del gobierno aún sueñan con un segundo período de Pérez o la presidencia en manos de Baldetti. Tratarán de saltarse todas las trancas para lograr su cometido, mientras que el TSE contempla como entre la CC, el Congreso y el Ejecutivo la dictadura fascista se consuma. Así es el gobierno de Pérez.
En conclusión, ciudadanos y ciudadanas, existen razones de peso para exigir la renuncia de Otto Pérez y Roxana Baldetti. Mientras más pronto lo hagan, mejores oportunidades tendremos para que el proceso electoral de 2015 consolide nuestro proceso democrático. La presencia de estos funcionarios en el Gobierno de Guatemala cuestiona las elecciones y pone en riesgo la perduración de la democracia en el país. Instamos a la ciudadanía a que, con base a los planteamientos acá recogidos, reunamos un millón de firmas de rechazo al Partido Patriota y a sus representantes.
Guatemala y su Diáspora, 15 de enero de 2015
Comité Ejecutivo de la Red por la Paz y el Desarrollo de Guatemala (RPDG)
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