Por Raul Molina publicado en el Periodico "La Hora"
Algunos
abogadillos me acusarán, al igual que al Rector de la USAC, de querer violar la
Constitución. La verdad es que junto a millones de connacionales, quiero que
sea sustituida por una acorde con la voluntad popular. Las “camisas de fuerza”
y los “candados” impuestos por los sectores de poder en 1985 tienen que ser
eliminados. Después del 25 de abril, la ciudadanía ha recuperado su poder
soberano. Esto no lo entiende la OEA, que hace bien en oponerse a los golpes
militares (¿Y los golpes de la Embajada?); pero que comete el error de apoyar
unas elecciones sin sentido.
Antes del
25 de abril, el proceso electoral guatemalteco era ilegítimo, anti-democrático
e inconstitucional. Después de esa fecha es INACEPTABLE y la ciudadanía tiene
el derecho a boicotearlo, porque no queremos que la podredumbre de Pérez continúe
o se profundice. Para comenzar, si el TSE y la CC se niegan a parar el proceso,
se hace el llamamiento a ciudadanas y ciudadanos a no aceptar ser fiscales de
mesa del TSE; luego, inventaremos otras medidas de “desobediencia civil”. El
proceso es ilegítimo, porque no se puede ejercer el derecho a elegir y ser
electos. Tenemos 23 partidos políticos que no han consultado democráticamente
sobre sus candidatos y candidatas. De presidente a diputados y alcaldes, las
cúpulas de los partidos han impuesto sus “propuestas”, la mayoría después de
haberlas vendido a los interesados, quienes después se pagarán “la inversión”
con los dineros del Estado. Las bases de los partidos, cuando existen,
solamente sirven para “legitimar” tranzas. El proceso es ilegítimo y
anti-democrático, como puede derivarse de la siguiente pregunta: ¿Cuántos diputados
y miembros del PARLACEN son indígenas (70% de la población), mujeres (52% de la
ciudadanía) o migrantes (2.0 millones)? La respuesta es irrisoria. Los
migrantes ni siquiera votamos. Esto y las condiciones que marginan a nuestras
grandes mayorías pobres hacen que este proceso sea INCONSTITUCIONAL. El
Congreso, el TSE y la CC han fallado en dar cumplimiento a sus propios
mandatos: nos niegan a la Diáspora un derecho humano y constitucional.
El TSE presentará
reformas a la Ley Electoral; perdonen, eso es una payasada. Esos son parches de
última hora, no aplicables ahora (válidas
a partir de febrero 2016), que no impedirán que Baldizón, Torres o
cualquiera de los otros indeseables sea el siguiente mandatario o que se tapice
el Congreso con diputados reelectos o personajes como Portillo, Arzú, los Ríos-Montt,
los Pérez y todos los que ya mostraron, hasta la saciedad, como se corrompe el
Estado y cómo se le desfalca. Las reformas a la Ley Electoral deben ser a
fondo: la ciudadanía debe decidir a qué personas honestas y capaces se les
entrega la conducción del país y de qué manera esas personas van a rendir
cuentas. El artículo revocatorio es una necesidad ya,
para que no se repita que un presidente necio y testarudo se cuelgue
desesperadamente del hilo de la Embajada. No más derechos exclusivos de los
partidos políticos, que deben ser democratizados y convertirse en entes políticos responsables.
Ha llegado el momento de barrer con la basura de 30 años.
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