COMUNICADO NACIONAL E INTERNACIONAL
NO AL GOBIERNO ACTUAL Y “NO QUEREMOS ELECCIONES, BAJO
LAS ACTUALES CONDICIONES”
La Red por la Paz y el Desarrollo de Guatemala (RPDG)
exige una vez más que Otto Pérez abandone la jefatura de gobierno. A partir del 1 de junio, cuando el Embajador
Todd Robinson asumió abiertamente su papel de Procónsul, hemos desconocido al “Presidente”
y no validamos sus actos. Particularmente, pedimos a todas las instituciones y
a la ciudadanía que no se reconozcan las deudas que el Estado haya asumido o
asuma a partir de junio de 2015, ya que los fondos recibidos servirán para
pagar favores y para ser robados. La Embajada tiene la facultad de hacer
donaciones; pero no a comprometernos a pagar un solo centavo invertido para
sostener a Pérez y sus secuaces.
Esperamos que pronto el Congreso en un acto de patriotismo ratifique esta
posición ante el país y la comunidad internacional.
El gobierno actual debe ser sustituido en su
totalidad. Sin duda hay personas honestas que se han comportado como servidores
de la nación; pero, a pesar de su compromiso, el sistema no funciona, no goza
de credibilidad y está penetrado e infectado por la corrupción y la impunidad.
Por ello, urge que a Otto Pérez se le retire de sus funciones, al igual que a
Alejandro Maldonado, la persona puesta por él como supuesto vicepresidente, “a
dedo”, por decisión de la Embajada y con la complicidad de los Partidos Líder y
Patriota. Todos los demás funcionarios, Ministros, Viceministros, Secretarios,
Subsecretarios y otros cargos de dirección deben colocar sus cargos “a la
disponibilidad” del nuevo presidente o
presidenta que designe el Congreso. La
designación debe estar basada en una terna propuesta por la sociedad civil,
compuesta por personas honestas y no vinculadas a ninguno de los partidos
políticos o entes corporativos (ejército y directivos del CACIF). La Embajada
de los Estados Unidos debe quedarse al
margen. En el mismo acto y bajo el mismo procedimiento debe designarse al
Vicepresidente o Vicepresidenta. La primera tarea de los nuevos mandatarios
será integrar un “gobierno de salvación nacional”, con personas que hayan participado
en la lucha contra la corrupción y la impunidad.
La extraordinaria lucha de la ciudadanía no puede
terminar en un proceso electoral ilegítimo, antidemocrático e inconstitucional.
La OEA puede cometer el monumental error de avalar este proceso electoral y
ofrecerse a supervisarlo, por ser una organización de Estados, pero eso no
cambiará el hecho de que la población rechazará los resultados del mismo. Este
proceso es ilegítimo, porque el ejercicio del derecho a elegir y ser electos y
electas ha sido pisoteado, totalmente, por el sistema de partidos políticos
vigentes. Asumimos con convicción el planteamiento de las organizaciones de
mujeres: “no queremos elecciones en las actuales condiciones”. El TSE, el
Congreso y la Corte de Constitucionalidad deben encontrar el mejor camino para
PARAR el proceso electoral de inmediato, MODIFICAR LA LEY correspondiente, con
el mandato de implementar de inmediato todas las “nuevas condiciones” para
elecciones libres y confiables, y ABRIR
un nuevo proceso con un marco temporal razonable. El marco temporal no debe
estar sujeto a ninguna camisa de fuerza, para poder garantizar la
democratización plena del voto: acceso total de los sectores tradicionalmente
marginados (pueblos indígenas, mujeres y migrantes), tanto para ejercer el voto
como para ser candidatos y candidatas; restricciones a candidaturas de personas
vinculadas a represión, violencia, narcotráfico y corrupción; eliminación del
derecho de llave, exclusivo, de los partidos políticos, para la presentación de
candidaturas; y la eliminación del control ejercido sobre las elecciones por
los grandes capitales, lícitos e ilícitos. Estos y otros aspectos esenciales
deben ser de aplicación inmediata.
Los partidos políticos deben entender ahora que la
población los rechaza en su conjunto y, uno a uno. Es el momento en que deben
firmar la carta de renuncia al proceso electoral actual. En ninguna parte del
mundo se realizan elecciones, salvo para que un sector tome ventaja (como
ocurrió con el golpe en Honduras, también avalado por la OEA), en medio de
guerra o crisis profunda. Se posponen, hasta alcanzar las condiciones mínimas
necesarias. La RPDG participó en las elecciones pasadas como parte del Frente
Amplio y, a partir de 2012, hizo el esfuerzo titánico de propiciar una unidad
más amplia de fuerzas políticas y sociales progresistas, el Movimiento de
Unidad Progresista y Popular (MUPP). Apoyó las iniciativas semejantes de Winaq
y URNG, sin dejar de insistir, en la búsqueda de la unidad con el resto del
centro-izquierda. Nada de eso se ha producido, por lo que nos desligamos del
Frente Amplio integrado ahora solamente por Winaq y URNG. La RPDG no puede
participar en la farsa electoral actual. No validamos el proceso electoral
abierto el 2 de mayo y haremos todo lo necesario para que internacionalmente no
se reconozcan sus resultados. Para comenzar,
pedimos a ciudadanos y ciudadanas que no acepten ser fiscal de mesa para el
TSE. Sin mesas electorales, no puede haber elecciones.
Como RPDG, insistimos, una vez más, que debe prestarse
especial atención al voto y la representación en el extranjero, para eliminar
la inconstitucionalidad de que más del 10% de la ciudadanía no puede elegir y
ser electa por estar afuera del país. Por más de 10 años se ha negado el voto
en el extranjero, con engaños a las y
los migrantes, mientras que en ese período, hemos enviado remesas por un valor
superior a los 35,000 millones de dólares. Debemos votar por todos los cargos
de característica nacional (presidente, vicepresidente, diputados por lista
nacional y diputados al PARLACEN). Considerados como distrito electoral 24,
debemos tener el derecho de elegir 5 diputados propios, como mínimo, que nos
representen en el próximo Congreso y en la Asamblea Nacional Constituyente. Más
adelante, la representatividad del distrito 24 estará determinada por el número
de los ciudadanos que se inscriban en el mismo.
El cambio del sistema político no termina con un
proceso electoral distinto y un nuevo gobierno. Ese es el principio. Hay que
elegir una Asamblea Nacional Constituyente que redacte la nueva Constitución,
sin “candados de inconstitucionalidad”. No hay nada que la voluntad soberana
del pueblo no pueda modificar. Durante el primer gobierno revolucionario de la
“Primavera Democrática” se refundaron las instituciones del Estado en menos de
un año. Las generaciones actuales tienen
el mismo derecho y la misma capacidad de hacerlo y contarán, sin duda, con
apoyo internacional. Solamente la nueva constitución nos podrá dar el marco de
la Guatemala del siglo XXI. Instamos a los cuatro pueblos y a todos los
sectores sociales a que no decaigan en la lucha. Por primera vez en 6 décadas
se ha recuperado la esperanza. Es el momento de convertir la esperanza en la
realidad que se merece nuestro país.
Guatemala
y su Diáspora, 15 de junio de 2015
Comité
Ejecutivo de la RPDG
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