COMUNICADO NACIONAL E
INTERNACIONAL
A los tres meses de la victoriosa lucha por la
dignidad
Hace tres meses la ciudadanía guatemalteca despertó de
su largo letargo…”y los dinosaurios estaban ahí” –siguiendo la fábula de
Monterroso, nosotros nos referimos como dinosaurios al CACIF, la Embajada y el
ejército. Pero era ya el tiempo de su extinción y ésta pasa por la lucha
ciudadana por la dignidad, para desterrar la corrupción y la impunidad.
Queremos que los dinosaurios pasen a ser reptiles normales. Llevamos tres meses
de lucha y ésta ha sido victoriosa: la vicepresidenta dejó de serlo y está a
punto de perder sus propiedades y ser extraditada; más de la mitad del gabinete
ya cayó en desgracia y los que siguen pronto serán expuestos; negocios
fraudulentos por miles de millones de dólares han sido desactivados; más de 100
pillos de alto calibre, que antes eran amos de vidas y fortunas, están en
juicio; el TSE fue obligado a presentar reformas a la Ley Electoral y de
Partidos Políticos, que tenía la obligación de presentar antes de convocar a
las elecciones; el Congreso fue sacado de su lento e intrascendente transitar
para atender dichas reformas, algunas de las cuales ya contaban con dictamen
favorable de la CC hace casi un año; ejército y CACIF se ven con las manos
atadas por un tal Mr. Robinson; y Estados Unidos ha enviado a su vicepresidente
y otros altos funcionarios para atender a uno de los “cinco territorios
prioritarios” en su política exterior.
Pero, todavía falta más. El Sr. Pérez y el Sr.
Maldonado deben ser llevados a su casa, luego de estampar sus firmas de
renuncia. De acuerdo con la Constitución, el Congreso debe nombrar a un o una
ciudadana para designar al nuevo presidente; si bien el Congreso designa, es el
pueblo soberano quien decide sobre el o la ciudadana que termina este período
de gobierno. Luego, el nuevo presidente propone una terna al Congreso y éste
designa al nuevo vicepresidente. Esto es nítidamente constitucional e
institucional. A partir de esa fecha, el binomio encabeza un gobierno que tiene
la tarea de reconstruir el Estado, con el apoyo de la sociedad y la comunidad
internacional.
Lo que viene después es más complejo. La Corte de
Constitucionalidad debe ordenar al TSE que posponga el proceso electoral para
que el Congreso pueda aprobar las reformas a la Ley Electoral y de Partidos
Políticos con aplicación en los comicios de 2015. No los parches mal pensados
por los legisladores para conservar sus prebendas y privilegios y favorecer a
los desprestigiados partidos políticos, sino que una reforma a fondo que
permita tener una mesa limpia y equilibrada para los nuevos comicios. Los
comicios deben ser para Asamblea Nacional Constituyente (ANC) con el mandato de
redactar una nueva Constitución, con carácter de urgencia. La sociedad civil
tendrá que organizarse para hacer llegar sus planteamientos para la reforma de
la Ley Electoral y para vigilar que el Congreso legisle de cara al pueblo. Una
primera decisión de la ANC será el establecimiento del calendario electoral y
la fecha de toma de posesión de las nuevas autoridades, como decisión
constitucional.
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