Entrevista a Raúl
Molina, 30 de junio de 2015
Raúl Molina Mejía, ingeniero civil
guatemalteco, ha sido profesor universitario desde 1970 y fue en su país Decano
de la Facultad de Ingeniería y Rector en funciones de la Universidad de San
Carlos de Guatemala. Al salir al exilio en 1980, fue cofundador de la
Representación Unitaria de la Oposición Guatemalteca (RUOG), el equipo
político-diplomático para la defensa de los derechos humanos y la búsqueda de
la paz. En 2001 fue cofundador de la Red por la Paz y el Desarrollo de
Guatemala (RPDG), organización de la Diáspora guatemalteca. En los últimos años
ha sido profesor de Historia y Ciencias Políticas en la Universidad de Long
Island, Nueva York, y la Universidad Alberto Hurtado, Santiago de Chile. Ha sido profundamente crítico del gobierno de
Otto Pérez a lo largo de todo su período, lo cual ha expresado en su columna de
opinión semanal en La Hora (Guatemala).
P: ¿Qué ha cambiado en Guatemala del 25 de
abril de 2015 al día de hoy?
R: Es un
cambio enorme, por la participación masiva de ciudadanas y ciudadanos, y
profundo, por el quiebre histórico que se ha producido. Tiene como antecedentes
dos jornadas igualmente históricas: la Revolución del 20 de Octubre de 1944,
cuando amplios sectores de la sociedad terminaron con la dictadura de Ubico e
iniciaron la “Primavera Democrática”; y las Jornadas de marzo y abril de 1962,
cuando en condiciones pre-revolucionarias, amplios grupos sociales se lanzaron
a las calles y exigieron al final la renuncia del Presidente Ydígoras. Desde
que dicha protesta nacional fuera reprimida por las fuerzas armadas, ni
siquiera la firma del Acuerdo de Paz Firme y Duradera de 1996, que puso fin al
conflicto armado interno entre el Estado y la URNG, ha despertado la
participación ciudadana tan amplia y completa como el movimiento actual por la
dignidad. Hasta el 25 de abril las dos condiciones que mantenían inmovilizada a
la población eran la apatía, fundamentada en el escepticismo frente a todo lo
político, y el temor, tanto a la represión y la violencia como a ser
manipulados por intereses oscuros. La principal conquista cuando nos reunimos
más de 30,000 personas en la Plaza de la Constitución fue romper, finalmente,
con estas dos condiciones. Por eso menciono que el cambio es “profundo”, porque
ahora ya no estamos dispuestos a obedecer a los supuestamente “poderosos”; ha
ocurrido un empoderamiento que nos permite proponernos el cambio total.
P: ¿Qué ha logrado el movimiento por la
dignidad en las diez semanas que han pasado?
R: Hacia adentro, diría que el logro mayor es llegar al convencimiento de
que el destino del país está en nuestras manos.
En el proceso de lucha contra la corrupción y la impunidad, los logros
son importantes: el gobierno del Partido Patriota está totalmente desgastado,
sin recursos humanos, con escasos recursos financieros, sin apoyo político y
solamente detenido pendiente de un hilo, temporalmente, por la Embajada y parte
del CACIF. La vicepresidenta fue obligada a renunciar y seis ministros de
Estados han renunciado o los han sacado, al igual que secretarios a granel. Quienes
fueran los secretarios personales de Otto Pérez y Roxana Baldetti, personas de
su “absoluta confianza”, resultaron ser los encargados de manejar la “mafia” de
defraudación tributaria en la SAT y de la corrupción atroz en el IGSS, así como
el Bufete hoy llamado “de la impunidad” (verdadera vergüenza jurídica)
encargado de sobornar jueces y descarrilar acciones judiciales. Para estas
personas y para casi 100 funcionarios de distintos niveles se han abierto
causas penales. Contratos fraudulentos por más de mil millones de dólares se
han dejado sin efecto y se continúan las investigaciones. El vicepresidente
designado por el Congreso, Alejandro Maldonado, podrá ser legal; pero es
absolutamente ilegítimo y todos los otros funcionarios recién nombrados gozan
de la desconfianza y el rechazo de la población.
P: La esposa de Otto Pérez decía en entrevista
reciente que hay corrupción en todos los países. ¿Qué diferencia el caso de
Guatemala?
R: Lamentablemente, sí ha habido corrupción en
distintos países; pero se ha perseguido, como en los casos de los ex
Presidentes Portillo de Guatemala, Alemán de Nicaragua y Martinelli en
Panamá. Se trata de grandes negocios de
algunos funcionarios, para provecho personal, que han podido ser descubiertos;
otros ex mandatarios también han sido responsables de cuantiosos negocios
turbios, como Jorge Serrano, en Guatemala, y Augusto Pinochet, en Chile. Pero
el aspecto que hace que el caso de Otto Pérez sea tan significativo es que
convirtió al Estado, en su conjunto, en el saqueador de los fondos públicos. No
es un gobierno que solamente abusó, robó y acumuló riqueza como acción paralela
a su poder, sino que ha sido el gobierno que utilizó todos los recursos y
mecanismos del Estado para la corrupción y la impunidad. El mismo Departamento
de Estado afirma que el principal problema de Guatemala es la “corrupción
generalizada”. De hecho, es un gobierno que refleja los gobiernos contrainsurgentes
de Lucas García, Ríos Montt y Mejía Víctores, que concentraron sus acciones en
la represión y la impunidad. Ahora, Pérez es el maestro de la corrupción y la
impunidad. Curiosamente, el PP español utiliza un argumento similar para evitar
la responsabilidad ante la corrupción: “la sociedad es corrupta y, como reflejo
de ella, el gobierno es corrupto”, al igual que hace el Representante de Guatemala
ante las Naciones Unidas; pero cuando esa corrupción ha significado la muerte
de cientos de miles de personas estamos ante un crimen de lesa humanidad.
P. Pensando justamente en el período del
conflicto armado interno, parece haber una correlación entre oficiales del
ejército de ese tiempo y encargados de las estructuras de corrupción en el
presente. ¿Podría darnos su percepción al respecto?
R. Cuando nos acercábamos a las últimas fases de
las negociaciones de paz entre la URNG y el gobierno, pude visitar Guatemala
para participar en actividades de la Asamblea de la Sociedad Civil. En ese
tiempo advertí en un artículo en la Revista “Crónica” sobre el peligro de que
la impunidad de que gozaban los responsables de graves violaciones de los
derechos humanos convirtieran a estos agentes del Estado en líderes de bandas
criminales al firmarse la paz, fenómeno que ya se había producido con la
transición a la democracia en Argentina. Efectivamente, al firmarse la paz, una
gran cantidad de “agentes de la contrainsurgencia” pasaran a tareas privadas de
seguridad y de violencia. En muy poco tiempo, Guatemala se convirtió en un país
atrapado por niveles crecientes de criminalidad. Otto Pérez viene de los
oficiales encargados de la “inteligencia militar”, que no solamente buscaban
información sino que, como G-2, eran responsables de desaparición forzada,
tortura y “escuadrones de la muerte”. Lo que le dio una figura más presentable,
gozando de apoyo de la CIA como egresado de la Escuela de las Américas, fue su
oposición al auto-golpe de Jorge Serrano y posterior envío de éste a Panamá
(con millones de dólares en el bolsillo, que nunca pudieron ser rescatados) y
su cercanía a Arzú para la firma de los Acuerdos de Paz. Resulta paradójico que
por las mismas razones que Serrano fuera expulsado –enorme corrupción y compra
de voluntades en el Congreso para concentrar el poder—ahora la ciudadanía le
exige la renuncia. Pérez llenó las estructuras del Estado de sus camaradas de
la inteligencia militar, comenzando por Baldetti (#2) y Mauricio López (#3); y
hasta el nombre y concepto de “La Línea”, para la defraudación fiscal, está
copiado de los manuales de contrainsurgencia.
P. Con todas las evidencias de los malos
manejos del gobierno de Pérez, que lleva al Departamento de Estado a decir que
el problema de Guatemala es la “corrupción generalizada” y, teniendo en cuenta
que el CACIF y la Embajada presionaron para que Baldetti presentara su renuncia
(y Estados Unidos le ha quitado la visa a ella, su esposo e hijos), ¿por qué no
renuncia o sale expulsado Pérez?
R.: Uno no cuenta con toda la información y los
hechos que se producen tras bambalinas. Creo que, en el caso del CACIF, hay
muchos empresarios, de todos los calibres, que “tienen la cola machucada”, como
se dice en Guatemala (en algo están involucrados), incluidos los que explotan
recursos mineros y han propiciado la represión gubernamental. Es claro que no
quieren apretar a Pérez. En el caso de la Embajada, creo que la ecuación es distinta.
Por un lado, al haber sido “recurso” de la CIA, Pérez se ha ganado un
tratamiento privilegiado (que él aprovechó para establecer su poder), como lo
fue Manuel Contreras en Chile. Hay una decisión de defenderlos, para
“agradecerles sus servicios”. Por otro lado, están lo que los estadounidenses
llaman sus “intereses geopolíticos”. México, Honduras y Guatemala constituyen
una zona volátil, con problemas de violencia, narcotráfico, crimen organizado y
migración, para la cual el Departamento de Estado considera, erróneamente, que
su mejor apuesta es relacionarse con gobiernos débiles, ilegítimos y sometidos.
Un gobierno honesto y nacionalista en Guatemala no les garantiza su control de
la región, que es su fijación. Históricamente, es un gran error, porque los
países de América Latina cada día toman más distancia del imperio; también es
un gran error para el Partido Demócrata en los Estados Unidos, porque arriesga
la continuidad en la Casa Blanca. Tanto el Embajador Robinson como el
Presidente Obama pueden pagar muy caro su compromiso con los corruptos de
Guatemala.
P.: La crisis política en Guatemala sigue
siendo muy profunda, a raíz de los numerosos casos de corrupción que se han
descubierto, con participación del binomio presidencial, que llevaron al Departamento
de Estado de Estados Unidos a afirmar que el problema de Guatemala es “la
corrupción generalizada”, ¿Cuáles son las demandas principales de la
ciudadanía?
R.: Lógicamente, en el tiempo y en la urgencia, la
primera demanda es la sustitución inmediata del gobierno de Otto Pérez y
Alejandro Maldonado por un gobierno honesto y confiable, que sea nombrado por
el Congreso de la República de una terna propuesta por la ciudadanía en
rebeldía. La segunda demanda es que se detenga el proceso electoral ya, para
permitir la reforma urgente, de aplicación inmediata, de la Ley Electoral y de
Partidos Políticos.
P.: ¿Por qué sigue en el puesto Otto Pérez, si
es obvio que tiene responsabilidad directa en los sistemas de corrupción
manejados por la ex vicepresidenta, con “La Línea” para defraudación tributaria
y con contratos millonarios tipo “Lago de Amatitlán” para su riqueza personal y
partidaria, así como de los negocios turbios del ex Ministro de Gobernación,
con redes de extorsión dirigidas desde las cárceles y el desvío de millones de
dólares de la Policía Nacional Civil y otros “negocitos”?
R.: No solamente tiene responsabilidad de estos
hechos, sino que su mano aparece dirigiendo los hilos del “Bufete de la
Impunidad”, para garantizarse resultados favorables en los tribunales, y la
corrupción en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y el Banco de
Guatemala, que trasladó cientos, si no miles, de millones de dólares a las
arcas del Partido Patriota y/o a sus cuentas personales. Tiene dos sostenes, ya
que el ejército no se quiere meter ni a favor ni en contra, que son el CACIF
(ente del sector privado), con varios de sus dirigentes en entredicho también
por actos de corrupción y represión, y la Embajada de Estados Unidos, que no
sabe cómo relacionarse con gobiernos honestos y con respaldo popular, que dejen
de ser títeres.
P.: Ese apoyo es muy fuerte, pese a que la
Iglesia Católica, otras denominaciones religiosas, las universidades y centros
de investigación aseguran que no hay solución a la crisis sin la salida de los
gobernantes corruptos. ¿Cómo sacar a Pérez?
R.: En la práctica, hay que desgastar el apoyo
estadounidense y del CACIF. El sector privado ya no es monolítico; aún la
cúpula está cansada de la necedad de Pérez. Si empezamos a producir pérdidas
económicas por la vía del boicot, más empresarios se darán cuenta de que no
pueden ir a un tercer mes de semi-parálisis y debemos lograr que ésta se
transforme en parálisis total. En cuanto a Estados Unidos, hay que desgastarlo
por la vía política y diplomática. La denuncia internacional hay que
intensificarla: que deje de desestabilizar países, como hace ahora en Ecuador,
y que deje de sostener a los títeres, como hace en Honduras y Guatemala. Pero
también hay que elevar el costo interno en Estados Unidos: es evidente que si
los Demócratas no unifican tras ellos el voto latino, perderán las elecciones
de 2016. Su posición en Guatemala les genera anticuerpos. En todo caso, esta
lucha amerita perseverancia del movimiento por la dignidad nacional en Guatemala
y de nosotros en la Diáspora.
P.: ¿Y cómo se logra que el proceso electoral
sea detenido y pospuesto, cuando el Tribunal Supremo Electoral (TSE) manifiesta
que no se puede hacer y la Corte de Constitucionalidad (CC) no ha querido
actuar?
R.: La ciudadanía en las calles y plazas, y en la
Diáspora, está convencida de que el actual proceso electoral nos lleva a
situaciones todavía más conflictivas. No se puede gastar grandes cantidades de
dinero, solamente para que el nuevo gobierno, de nuevo en manos de los
corruptos, colapse en cuestión de semanas, si no, días. Si las cosas siguieran
como están, el nivel de abstención sería enorme y, sin duda, ganaría el voto
nulo. El gobierno resultante sería ilegítimo desde el primer día, favorecido
con menos del 10% de la ciudadanía, tanto en el gobierno central como en el
Congreso. Mientras tanto, la ira popular llegará a niveles mucho más altos,
dirigida contra todas las instituciones del Estado, incluidos el TSE y la CC, y
no digamos contra todos los partidos políticos en la farsa electoral. La
ilegitimidad y falsedad del proceso eleccionario son las razones políticas para
que el TSE y la CC, para prevenir males mayores, decidieran parar el proceso y
exigir de inmediato, con aplicación urgente, la reforma de la Ley Electoral y
de Partidos Políticos. Existe una condición adicional: al no haberse cumplido
un mandato de la propia CC de hace cuatro años, para habilitar el voto de las y
los ciudadanos en el extranjero para estas elecciones, el proceso actual es
inconstitucional. Se niega el derecho humano y constitucional a más del 10% de
la ciudadanía. Acá ya no se trata de que la CC tome una acción política; tienen
la obligación de parar el proceso y exigir la reforma. Y si se hace esa
reforma, hay que hacer todas las reformas de una vez.
P.: Se entiende que los partidos políticos y
otros sectores “oportunistas” estén exigiendo que por respeto a la
“institucionalidad democrática” se continúe el proceso electoral, ya que son la
esencia del sistema político que la ciudadanía rechaza; pero, ¿qué sucede con
las fuerzas políticas del centro-izquierda, que no han estado en ningún
gobierno anterior?
R.: Desde el principio, la mayoría de los líderes y
militantes de estas fuerzas del centro-izquierda han estado en las calles junto
a la ciudadanía rebelde; pero no se quitan la camisa de fuerza de ser partidos
políticos. Temen a su desaparición como partidos si no se pliegan a los
dictámenes del TSE y prefieren correrse el riesgo de desaparecer en las
elecciones por falta de votos. No tienen la visión para darse cuenta de que el
sistema de partidos políticos vigente llegó a su fin. Algunos dirigentes,
incluso, pueden soñar que la ciudadanía inconforme vote por ellos en
septiembre, cuando es claro que quienes pudiesen eventualmente votar por ellos
se abstendrán o votarán nulo. Ninguna de estas fuerzas, ni solas y fraccionadas
como están, ni con grandes alianzas que pudieran intentar, constituyen una
opción electoral. El sistema siempre las marginó y ahora cargan también con las
culpas del sistema. La mejor contribución que pueden hacer al cambio del
sistema político es renunciando, públicamente, a participar en el presente
“circo electoral”.
P.: ¿Y qué hay de las asociaciones políticas de
ciudadanos que proponen candidatos y candidatas en su condición de Comités
Cívicos?
R.: Lamentablemente, hablamos del mismo sistema
político y la misma ley electoral. No tienen sentido. A nivel municipal hay
muchos candidatos y candidatas que quieren reelegirse, la mayoría de ellos
inmersos en la corrupción, como en la ciudad capital, Mixco y Xela. En poder de
las maquinarias electorales locales, los reelegibles dominan sobre los comités
cívicos, con muy poca posibilidad para estos de salir electos, y menos con el
abstencionismo y el voto nulo. Además, muchos de los candidatos y candidatas,
por partidos y por comités cívicos, han vendido su alma al mejor postor, para
poder tener los fondos de campaña. Caerán en actos de corrupción para poder
“pagar las deudas adquiridas”. Es un sistema político corrupto e ilegítimo que
a todos los niveles reproduce la corrupción. Participar en las elecciones bajo
estas condiciones es avalar el sistema. No hay salida, los comités cívicos
dignos deberán renunciar públicamente, para ser reconocidos después como
fuerzas honestas y confiables. La RPDG, que se había propuesto respaldar
comités cívicos en diversos lugares, aún en la capital, ha renunciado a
hacerlo. Ya habrá un momento propicio para iniciativas electorales de cara al
pueblo.
P.: ¿Qué está faltando en Guatemala para provocar
el desenlace? ¿Qué pasos pueden apoyar la comunidad internacional y la
solidaridad internacional?
R.: Desde el primer momento hemos sentido la
ausencia de una modalidad de organización, Para evitar dudas y suspicacias,
nadie quiso tomar la conducción del movimiento. La fuerza se generó a raíz de
cierta espontaneidad y de evitar el protagonismo de personas o entidades. Fue
clara, precisa y adecuada la decisión de oponerse a cualquier tipo de
caudillismo. Resulta evidente, sin embargo, que este gran movimiento por la dignidad nacional debe tener una
manera de expresarse, coordinarse y tomar decisiones. El paso fundamental sería
la construcción de una especie de Asamblea Nacional (AN), que no pase por el
Congreso, en la que todos los sectores pudieran participar, vía representantes,
y debatir sobre las opciones para enfrentar la crisis. El gobierno de Pérez,
Maldonado y secuaces debe acabar, y esta AN debe proponer una terna al
Congreso, para cumplir con la Constitución, para que éste elija a Presidente y
Vicepresidente. Igualmente, al mandatarse al Congreso para la reforma de la Ley
Electoral y de Partidos Políticos debe hacerse obligatoria la consideración de
la propuesta de nueva ley que surja de la AN. Por consiguiente, la existencia
de este mecanismo es fundamental.
P.: ¿Cómo se puede generar este mecanismo
democrático?
R.: No pretendo tener la respuesta cabal; pero es
indudable que la Asamblea Nacional (AN) puede empezar a integrarse por decisión
de los diversos sectores. Existe ya una Asamblea Social y Popular. De igual
manera se han establecido importantes coordinaciones en los niveles de capas
medias y otros. Creo que los criterios de apertura y no exclusividad son
universalmente aceptados; pero igualmente el de una representación balanceada.
No puede ser un mecanismo centrado solamente en la capital y, de hecho, tampoco
puede quedar por fuera la Diáspora. Debemos avanzar rápidamente en su
conformación. Eventualmente, sería importante contar con la convocatoria de
personas y/o entidades que gocen de autoridad moral. Personalmente, he sugerido
que el Arzobispo represente a la Conferencia Episcopal de Guatemala y que las
otras iglesias propongan igualmente a sus líderes. Presencia obligada deberán
tener los sacerdotes y sacerdotisas mayas. Los primeros pasos se deben dar ya;
la conformación formal tampoco puede tardar mucho. Hemos perdido 61 años de
nuestra historia y urge recuperar el tiempo.
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