M O V I M I E N T O D E U N I D A D
P R O G R E S I S T A Y P O P U L A R 
ENTREVISTA CON RAÚL
MOLINA MEJÍA
MIEMBRO DEL COMITÉ
EJECUTIVO DE LA RED POR LA PAZ Y EL DESARROLLO DE GUATEMALA (RPDG) Y MIEMBRO DE
LA COORDINACIÓN DEL MOVIMIENTO DE UNIDAD PROGRESISTA Y POPULAR (MUPP)
SANTIAGO DE CHILE, 18
DE MAYO DE 2015
P: ¿Qué es
la Red por la Paz y el Desarrollo de Guatemala?
R: Es una
red de guatemaltecas y guatemaltecos en la Diáspora y de personas solidarias
con el Pueblo de Guatemala en el extranjero que inició sus actividades el 1 de
septiembre de 2001, en California, Estados Unidos, y se ha extendido a más de
12 países en los continentes americano, europeo y australiano. El propósito es
apoyar todas las iniciativas que lleven a la paz firme y duradera en Guatemala
–derechos humanos, derechos de los pueblos indígenas, democracia, verdad,
memoria histórica, justicia y justicia social—y al desarrollo de las y los
guatemaltecos dondequiera que se encuentren.
P: ¿Qué
papel juega Raúl Molina Mejía en esta Red y qué participación se tiene en los
acontecimientos extraordinarios que ocurren en Guatemala?
R: Fui
cofundador de la Red y soy su Secretario de Asuntos Políticos. Como tal, he
estado impulsando un movimiento de unidad progresista y popular en Guatemala,
desde 2012, para reunir a fuerzas sociales y políticas que quieren la
transformación profunda del país. La RPDG y el MUPP (Movimiento de Unidad
Progresista y Popular) planteamos desde el 15 de enero de 2015 la necesidad de
pedir la renuncia del presidente y la vicepresidenta para poder realizar un
proceso electoral transparente y esperanzador. No fuimos los primeros en pedir
la renuncia; pero sí quienes con firmeza manifestamos todas las razones que la
hacían justa y necesaria.
P: ¿Fueron
Ustedes los iniciadores del movimiento que culminó el 25 de abril, en la Plaza
de la Constitución?
R: No,
aunque si lo apoyamos desde que se hizo la convocatoria. Fue ésta una propuesta
ciudadana que recogió la indignación nacional ante la corrupción, los abusos y
la impunidad del binomio presidencial. Desde el primer momento exigimos que la
renuncia fuera tanto de Pérez como de Baldetti. Lograda la separación de ésta,
ahora la exigencia es que salgan del gobierno Pérez y Maldonado.
P: Existen
dudas sobre la viabilidad y eventual constitucionalidad de la salida de Pérez
y, ahora, Maldonado. ¿Qué plantea la RPDG?
R: Existen
dos vías para resolver la profunda crisis del sistema político de Guatemala.
Una es la político-constitucional, que es la que se prefiere; y otras es la
estrictamente política, en caso de que los que están enquistados en sus puestos
obliguen a la población a suspender aspectos limitantes de la Constitución.
En la
modalidad político-constitucional se busca obedecer la Carta Magna, tanto en el
espíritu como en la letra: En el espíritu, el principio principal es que la
soberanía radica en el pueblo. Éste es el que decide. En la letra, se seguiría
el procedimiento siguiente:
1. Pérez y Maldonado renuncian y el
Congreso les acepta la renuncia.
2. Según el artículo 189 de la
Constitución, el Congreso designa al Presidente para concluir el período con el
voto favorable de dos terceras partes del total de diputados. Las y los
candidatos serán propuestos por los grupos ciudadanos que han propiciado este
quiebre histórico. Posteriormente, el nuevo presidente someterá al Congreso una
terna para designar al vicepresidente.
3. La Corte de Constitucionalidad (CC)
detiene el proceso electoral actual por ser inconstitucional, ya que ha dejado
al margen de la elección a las guatemaltecas y guatemaltecos en el extranjero
(más del 10% de las y los ciudadanos).
4. La CC mandata al Congreso a proceder
a las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos y le fija un plazo
perentorio para realizarla.
5. El Congreso modifica la Ley
Electoral y de Partidos Políticos mediante artículos permanentes y
transitorios, autorizando el voto y la representación en el extranjero y la
presentación de candidatos y candidatas mediante firmas de ciudadanos y
ciudadanas, es decir, sin tener que pasar por partidos políticos.
6. Se reinicia el proceso electoral
para elegir Presidente y Vicepresidente, miembros del PARLACEN, gobiernos
municipales y Asamblea Nacional Constituyente (ANC).
7. Se mandata a la ANC para producir
una nueva Constitución en un tiempo no mayor de 6 meses. Una vez aprobada la
nueva Constitución, la ANC se transforma en el nuevo Congreso hasta el final
del período de gobierno.
P: ¿Qué
haría necesaria una solución política no constitucional?
R: Si en
cualquiera de los pasos anteriormente descritos se obstruye la voluntad
popular, el pueblo tendrá la autoridad moral y política para establecer reglas
distintas en uso pleno de su poder soberano. Cuando existe la exigencia de
producir una refundación del Estado y la aprobación de una nueva Constitución,
no pueden ser las normas de la Constitución vigente ni la CC quienes lo
impidan.
P: ¿Hay
peligro de una ruptura constitucional por la vía de un golpe militar?
R: Nunca se
puede descartar la posibilidad de que grupúsculos militares, auspiciados por
otros sectores de mayor poder, quieran aprovechar la coyuntura para trata de
instalarse en el gobierno, ya sea con el Presidente Pérez o sin él. Este acto
de violencia generaría condiciones imprevisibles de más violencia; pero, en
todo caso, iría al fracaso. El desprestigio de Pérez y allegados ha
intensificado el rechazo a la presencia militar en la conducción de los
destinos del país. Tarde o temprano tendrían que rendir cuentas ante la
indignación nacional.
P: Cuando
menciona sectores de “mayor poder”, ¿Qué papel cree que jugarían el CACIF y la
Embajada de los Estados Unidos?
R: En primer lugar, el CACIF ya no es un bloque
monolítico. Hay muchos empresarios que entienden que el siglo XXI es otra
etapa, en la cual el papel de la iniciativa privada es el crecimiento económico
y no la manipulación política. Hay muchos de ellos que se han dado cuenta que
el nombramiento de un vicepresidente espurio les ha restado autoridad moral
frente a la población. Además, pidieron la cabeza de Baldetti, muy
enérgicamente; pero no deja de ser una actitud machista condenarla a ella y no
pedirle cuentas a Pérez, en la misma medida. Tampoco la Embajada ha salido bien
parada de su “aceptación” de Maldonado. No es lo que más de 100,000 personas
exigen. Un presidente en cuestionamiento no tiene ningún derecho de proponer a
su sucesor. En todos los países en los que se ha tratado de imponer esta opción
ha sido rechazada, desde Ubico hasta Somoza. En todo caso, ni el CACIF ni la
Embajada tienen hoy la opción golpista. Tienen que aceptar que con los
históricos eventos entre el 25 de abril, el Primero de Mayo
y el 16 de mayo, el poder de decisión está en la ciudadanía.
No comments:
Post a Comment