Delitos de lesa Patria
En
diferentes culturas y épocas históricas los dirigentes de Estados o naciones
solían identificar acciones de individuos que afectaban a la Patria, que eran
contrarios a los derechos e intereses de los ciudadanos. En la mayoría de los
casos, esos actos de “traición nacional” se pagaban con la muerte. En la Grecia
democrática, este crimen era castigado con el exilio y, en casos extremos, con
el envenenamiento. En la Guatemala de hoy, en la cual la pena de muerte no debe
existir, los crímenes de lesa Patria
deben tener un castigo acorde con los daños causados al país y a sus
habitantes. En mi opinión, ante crímenes y ofensas políticos corresponde un
castigo igualmente político: la
inhabilitación de los derechos políticos. Con un nefasto presidente como el
que la población ha desconocido –Otto Pérez—acusado de ser el #1 de “La Línea”,
la inhabilitación política debe ser inmediata, lo que permite su separación del cargo. No se le condena a prisión
sin haber sido vencido en juicio –los tribunales de justicia determinarán a su
tiempo los años de prisión que le correspondan-- pero se le debe aplicar una limitación
inmediata a su condición ciudadana y ser apartado del gobierno.
Hay
diversos grados de delito de lesa Patria lo
cual implica diversos grados de sanción. Por ejemplo, los diputados del
Congreso actual, que se han prestado a las barbaridades del Poder Ejecutivo y
que no han tenido el valor de utilizar su poder para enmendar las cosas, deben
quedar automáticamente inhabilitados para ser candidatos en las elecciones
presidenciales y legislativas, por lo menos durante un período de 4 años. Los
candidatos presidenciales que participan en la farsa electoral actual, pese a
las exigencias de la población de que se cancelen las elecciones, deben quedar
inhabilitados, igualmente, por 4 años, al igual que todos los candidatos que
buscan la reelección en el Congreso, por los daños que éste ha causado.
Personajes tétricos, como Otto Pérez, Roxana Baldetti, Alejandro Maldonado y
otros achichincles, han de quedar marginados de la vida política para siempre.
Desde luego, eso no excluye llevar las causas judiciales contra ellos hasta sus
últimas consecuencias, sin miramientos y “sin lástima”, con condenas de largo
tiempo en la cárcel. Hay que romper el muro de la impunidad de una vez y para
siempre. También corresponde sanción para miles que continúan en la farsa
electoral. Han tenido la oportunidad de renunciar a sus candidaturas y no lo
han querido hacer, a la espera de satisfacer intereses personales. Esta inconsecuencia con el movimiento
ciudadano por la dignidad debe llevar igualmente a su inhabilitación temporal.
¿A quién le corresponde dictar sentencia con respecto a delitos de lesa Patria? Ante acusación formal del
Ministerio Público, será la Corte Suprema de Justicia la que aplique los
castigos que correspondan. Es un momento histórico, con más de 150,000 personas
en la Plaza de la Constitución, el 27 de agosto, exigiendo el final de las
mafias políticas, desde el Patriota/Líder, alianza nefasta, hasta Jimmy, su
recambio. La hoy militante ciudadanía y la gente honrada de nuestros cuatro
pueblos se merecen una Nueva Guatemala.
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